La necesidad de formular y aplicar políticas y regulaciones farmacéuticas está en la agenda de los gobiernos. El mercado por si solo no produce el bienestar al que aspira la mayoría de ciudadanos. Por eso, la intervención del Estado es relevante para establecer las reglas que permita ordenar el sector farmacéutico y asegure el acceso de la población a los medicamentos esenciales. La Organización Mundial de la Salud, a partir de la Reunión de Expertos de Nairobi¹ estableció como una de sus prioridades apoyar a los Estados Miembros en el diseño de políticas farmacéuticas y publicó en 1991 sus Pautas para el desarrollo de políticas farmacéuticas. En 1988, la ciudad de México fue sede de la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas Farmacéuticas y Medicamentos Esenciales, convocando a los diferentes actores ligados al quehacer farmacéutico: reguladores, decisores, académicos, consumidores, empresarios. Esta Conferencia abrió un espacio de discusión, análisis y búsqueda de soluciones a los problemas derivados de la ausencia, formulación o aplicación de políticas farmacéuticas orientadas al uso apropiado de los medicamentos; fortalece el concepto medicamento esencial, ratificando el apoyo a la Estrategia Revisada en Materia de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud.

 

En 1995 una importante iniciativa en la región Asia-Pacífico plasmada en la Conferencia Internacional sobre Políticas Farmacéuticas Nacionales (Australia, Oct. 1995) enfatiza que "el objetivo de una política nacional de medicamentos es - en el ámbito de una política nacional - asegurar el acceso equitativo y el uso racional de medicamentos seguros y efectivos"². En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud insta a sus Estados Miembros a "que reafirmen su compromiso de elaborar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales para asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales" y a "que refuercen los mecanismos de reglamentación farmacéutica para la vigilancia y control de la eficacia de los medicamentos comercializados"³

En la actualidad se configura un nuevo escenario que presenta desafíos importantes al que hay que responder con creatividad, audacia y con los elementos técnicos y científicos adecuados con el fin de asegurar que la salud pública salga beneficiada con las decisiones que adoptan gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil involucrados en la problemática del medicamento. Viejos y nuevos problemas quedan todavía sin resolver: ausencia de regulaciones apropiadas; acuerdos comerciales que incluyen mecanismos que restringen la competencia en el mercado farmacéutico afectando el acceso; procesos de armonización de la regulación farmacéutica en la región de las Américas; falta de disponibilidad de medicamentos en servicios de salud, particularmente en áreas empobrecidas; promoción inapropiada de medicamentos; precios altos de los medicamentos; donaciones inapropiadas de medicamentos; problemas en la formación de recursos humanos; deficiencias en la educación e información a los consumidores; uso inapropiado de medicamentos que puede causar problemas serios en la salud individual y colectiva, etc. No le toca al mercado resolver estos problemas y es la voluntad soberana de los Estados que tiene que asumir el compromiso de establecer las reglas de juego apropiadas para garantizar el acceso equitativo, el uso apropiado de medicamentos y la participación democrática de todos los actores involucrados en la formulación, aplicación y vigilancia de las políticas de medicamentos.

 

 

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¹ OMS; Uso Racional de Medicamentos, Informe de la Conferencia de Expertos, Nairobi, 25-29 de Noviembre de 1985; OMS, Ginebra 1996
² QUAM; Quality Use of Medicines Newsletter, Issue 9, January 1996, Camberra, Australia
³ OMS; WHA 49.14, Resolución sobre estrategia revisada en materia de Medicamentos; Ginebra, Mayo 1996